¿Una justicia para pobres y otra para ricos?

Sólo ha transcurrido dos días desde la publicación de mi post pidiendo la apertura de un debate serio sobre la necesidad de la implantación de la cadena perpetua revisable, y hoy, nada más abrir los periódicos, leo, con estupefacción, una noticia que me ratifica, aún más, en mi demanda: la puesta en libertad de Luis Roldán, aquel ex director de la Guardia Civil que se aprovechó del cargo para enriquecerse. Fue condenado a 31 años de prisión, y después de cumplir ¡SÓLO! 15 de condena, que no de cárcel, porque desde el 2005 disfruta de un régimen de segundo grado que le permite pasar todo el día en su casa, pasear tranquilamente por Zaragoza, y luego, regresar a dormir a un Centro de Inserción Social, nada de cárcel.

Recordemos que este delincuente social no ha devuelto prácticamente nada de lo robado, ya que los jueces sólo han logrado recuperar 1.600.000 euros de los embargos que sobre algunas cuentas corrientes y propiedades realizaron, pero que esta cantidad sólo representa el 8% de lo que le adeuda al estado, ya que el resto del botín, unos 10.000.000 de euros (¿no se marean ustedes con las cifras? ¿No les da la impresión que es un relato ficticio de cine negro?) Se encuentran escondidos a buen recaudo en un ignorado paradero; también se le conocen dos propiedades en París y una Villa en las Antillas francesa valorada en 3.7 millones de euros, etc.

¿Cómo es posible que la democracia no se proteja contra estos elementos nocivos y viva expectante, cómo estos individuos se aprovechan de sus cargos políticos para saquear la triste economía del país? ¿A quien amparan los responsables gubernamentales, no queriendo modificar estas leyes estúpidas? ¿No será sólo un acto de corporativismo, o tal vez, de autoprotección para cuando les toque a ellos? Porque al desgraciado, ya sabemos que esta manera de enjuiciar no los roza (y cuidado, que no se quiera ver en mis declaraciones ninguna simpatía por el “chorizo”); ejemplos tenemos de delincuentes que por robar una barra de pan le cayó un año de condena, y a otros muchos que, encontrándose del todo rehabilitados, después de siete años de haber rehecho su vida –que según nos repiten hasta la saciedad, es la función de esta justicia-, pues bien, estas personas las obligan a volver a la cárcel a liquidar lo que les falta por cumplir de condena.

Lo que ocurre en España con la justicia es “de puro cachondeo”, como dijera el ex alcalde de Jerez de la Frontera; no se puede aceptar dos varas de medir el delito y dos maneras diferentes de interpretar la justicia; no se puede tolerar una justicia blanda para los ricos y los cargos públicos, y otra, feroz y exigente, para los pobres. El país (sus ciudadanos) o nos tomamos en serio este tema o corremos el riesgo de que esta institución, que no sé si alguna vez fue respetable, se desmorone por sus incongruencias. La tarea es bien difícil cuando hay tantos intereses de por medio, pero, o le ponemos empeño, o nos hundimos con ella.