Un empresario vasco es requerido por ETA para que pague el “impuesto revolucionario”. Este hombre se asusta, teme por su vida, por la de sus hijos, por la seguridad de su familia, accede al chantaje del que es objeto y paga el precio que le exigen para vivir medio tranquilo.
El caso lleg
a a oídos de la fiscalía, el fiscal de turno abre un informe que eleva hasta el juez que se encargará de estudiar el suceso. Pasados unos meses, el juez, una vez visto el caso, decreta que el ciudadano vasco ha cometido un delito, por el que hay que condenarlo.
Unos piratas asaltan un barco de pescadores y secuestran a la tripulación. A cambio de sus vidas, piden una elevada cantidad de dinero al gobierno de España. Este gobierno se asusta, teme por las consecuencias electorales que las muertes de estos compatriotas les pueda ocasionar. Accede al chantaje, paga la cantidad que le han exigido para poder campear, de esa manera, el temporal.
El caso es bien difundido por los informativos y la prensa escrita. La fiscalía hace oídos sordos y no levanta ningún informe contra el delito económico que ha cometido el gobierno. Ningún juez juzga el caso, por lo tanto, nadie se atreve a condenarlo.
Un ciudadano vasco es secuestrado por ETA. A cambio de su puesta en libertad piden la liberación de algunos presos de su organización. El gobierno se hace fuerte; se niega a la negoc
iación; trata de hacer entrar en razones a unos energúmenos que han dado muestras de no tener ni pizca de ella. El secuestro se dilata; la vida del secuestrado cada segundo está más en peligro; los gobernantes se regodean con la implacable contundencia de sus argumentos; no se conmueven; se muestran arrogantes; quieren dar una prueba ejemplarizante de que no cederán jamás ante la extorsión ni el secuestro.
El ciudadano vasco aparecerá a los pocos días con dos tiros en la cabeza. Los padres del muchacho llorarán por la muerte del hijo arrebatado. El gobierno suspirará por la finalización del secuestro. En el índice de los votantes han conseguido subir bastantes puestos.
Tres componentes de una ONG (Nuevas Agencias de Viajes para Gente Pija) son secuestrados por un grupo de asaltantes de caminos que se cubren con la bandera de Al Qaeda. A cam
bio de su liberación piden una cantidad de dinero y la libertad de uno de los detenidos por el secuestro. El gobierno se echa a temblar (son catalanes y, después de lo del estatuto, la cosa no les puede ir peor), inicia los contactos para la negociación. Desde un primer momento dejan claro que accederán a sus propósitos, sólo es cuestión de tiempo. A los pocos meses, una de las secuestradas es puesta en libertad: sorprende la buena imagen con la que aparece y las palabras de mesura contra sus secuestradores. Se entiende que piensa en las vidas de sus otros dos compañeros. El gobierno, en un gesto de “comprensión y respeto por la vida”, logra que el bandolero sea puesto en libertad, paga el rescate y resuelve de manera “negociada y pacífica”, un conflicto que, aunque no le reporte votos, al menos no hará que le resten.
Los dos “secuestrados” aparecen ante los medios, rollizos, sonrientes, encantados, además, al día siguiente, los amiguetes secuestradores difunden un video donde
aparecen ellos dos y “su carcelero”, haciendo una feliz excursión por el desierto.
Todos sabemos que es delito pagar un rescate. Los miembros del Ministerio del Interior y de Justicia suelen recordárnoslo de vez en cuando. En este caso se han cometido dos: la puesta en libertad de un delincuente y el importe que exigían los secuestradores. La fiscalía es consciente de ello. Ningún fiscal anuncia que tenga intenciones de abrir un informe para elevarlo al juzgado correspondiente. Por lo tanto, ningún juez se atreverá a condenar a Zapatero y los ministros implicados en el suceso.
Cuando se elaboró lo que algunos iluminados gustan llamar “La Carta Magna”, a mí, personalmente, me dio un ataque de risa cuando leí aquel artículo que proponía:
Artículo 14.
El caso lleg
a a oídos de la fiscalía, el fiscal de turno abre un informe que eleva hasta el juez que se encargará de estudiar el suceso. Pasados unos meses, el juez, una vez visto el caso, decreta que el ciudadano vasco ha cometido un delito, por el que hay que condenarlo.Unos piratas asaltan un barco de pescadores y secuestran a la tripulación. A cambio de sus vidas, piden una elevada cantidad de dinero al gobierno de España. Este gobierno se asusta, teme por las consecuencias electorales que las muertes de estos compatriotas les pueda ocasionar. Accede al chantaje, paga la cantidad que le han exigido para poder campear, de esa manera, el temporal.
El caso es bien difundido por los informativos y la prensa escrita. La fiscalía hace oídos sordos y no levanta ningún informe contra el delito económico que ha cometido el gobierno. Ningún juez juzga el caso, por lo tanto, nadie se atreve a condenarlo.
Un ciudadano vasco es secuestrado por ETA. A cambio de su puesta en libertad piden la liberación de algunos presos de su organización. El gobierno se hace fuerte; se niega a la negoc
iación; trata de hacer entrar en razones a unos energúmenos que han dado muestras de no tener ni pizca de ella. El secuestro se dilata; la vida del secuestrado cada segundo está más en peligro; los gobernantes se regodean con la implacable contundencia de sus argumentos; no se conmueven; se muestran arrogantes; quieren dar una prueba ejemplarizante de que no cederán jamás ante la extorsión ni el secuestro.El ciudadano vasco aparecerá a los pocos días con dos tiros en la cabeza. Los padres del muchacho llorarán por la muerte del hijo arrebatado. El gobierno suspirará por la finalización del secuestro. En el índice de los votantes han conseguido subir bastantes puestos.
Tres componentes de una ONG (Nuevas Agencias de Viajes para Gente Pija) son secuestrados por un grupo de asaltantes de caminos que se cubren con la bandera de Al Qaeda. A cam
bio de su liberación piden una cantidad de dinero y la libertad de uno de los detenidos por el secuestro. El gobierno se echa a temblar (son catalanes y, después de lo del estatuto, la cosa no les puede ir peor), inicia los contactos para la negociación. Desde un primer momento dejan claro que accederán a sus propósitos, sólo es cuestión de tiempo. A los pocos meses, una de las secuestradas es puesta en libertad: sorprende la buena imagen con la que aparece y las palabras de mesura contra sus secuestradores. Se entiende que piensa en las vidas de sus otros dos compañeros. El gobierno, en un gesto de “comprensión y respeto por la vida”, logra que el bandolero sea puesto en libertad, paga el rescate y resuelve de manera “negociada y pacífica”, un conflicto que, aunque no le reporte votos, al menos no hará que le resten.Los dos “secuestrados” aparecen ante los medios, rollizos, sonrientes, encantados, además, al día siguiente, los amiguetes secuestradores difunden un video donde
aparecen ellos dos y “su carcelero”, haciendo una feliz excursión por el desierto.Todos sabemos que es delito pagar un rescate. Los miembros del Ministerio del Interior y de Justicia suelen recordárnoslo de vez en cuando. En este caso se han cometido dos: la puesta en libertad de un delincuente y el importe que exigían los secuestradores. La fiscalía es consciente de ello. Ningún fiscal anuncia que tenga intenciones de abrir un informe para elevarlo al juzgado correspondiente. Por lo tanto, ningún juez se atreverá a condenar a Zapatero y los ministros implicados en el suceso.
Cuando se elaboró lo que algunos iluminados gustan llamar “La Carta Magna”, a mí, personalmente, me dio un ataque de risa cuando leí aquel artículo que proponía:
Artículo 14.
“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Y como era un escéptico, me abstuve en el referendum. Desde muy jovencito fui bastante incrédulo y, para cuentos...prefiero los de Julio Cortázar, son mucho más creíbles y están mejor escritos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario