Cuando aún no se ha cerrado el debate sobre la reforma de la constitución, quieren abrir uno nuevo: el de si hay que subir los impuestos o no, como si el tema, por la escasa importancia que le dan, parece que sólo se tratara del deshoje de la margarita.
Hace unos meses –exactamente, en el fatídico mes de junio-, un pensionista indignado me enseñó su declaración de la renta, en la que en la casilla de ingresos figuraba la cifra de 11.800 euros brutos procedentes de la pensión, a la que le habían retenido 354 euros en concepto del IRPF, con lo cual, la cantidad líquida a percibir quedaba reducida a 11.446 euros al año.
Con esta cifra, el pensionista indignado no tendría que pagar un euro más, ya que está muy lejos del mínimo exigido para declarar (creo que son unos 22.000 euros), pero como fue previsor y guardó en una caja de ahorros el dinero que le dieron cuando finalizó el contrato de trabajo en la empresa donde prestaba sus servicios, ha tenido que volver a pagar a la hacienda española la nada desdeñable cantidad de 600 euros, todo porque el buen hombre no se “pulió” la pasta el mismo día que se la dieron y ésta le ha generado unos intereses de 1.800 euros, de los que hacienda ya ha recibido el 19%, o sea, otros 342 euros más, con lo que sumando los ingresos brutos resulta la cantidad de 13.600 y la de los pagos un total de 1.296 euros. Si realizamos una sencilla regla de tres, el indignado pensionista ha pagado a la hacienda española la módica cifra del 9.52%. ¡Repugnante!
Que un ciudadano, con una irrisoria pensión de 817 euros al mes, tenga que pagar a los parásitos del gobierno 1.296 euros por la liquidación de su declaración de la renta, es una verdadera desvergüenza, cuando a los ricos les han bajado el tipo impositivo más de tres puntos, y cuando los asquerosamente ricos sólo pagan un 1%.
Entrar a debatir si hay que volver a subir los impuestos o no es una nueva estafa política, cuando lo que se debiera imponer es un estricto control sobre las economías sumergidas y un impuesto decente para los bancos y las grandes fortunas, que en definitiva, son los que nos han metido en esta ruina económica. Basta ya de gravar con más impuestos a los débiles, a los acorralados -los “desgraciados” que cobran con una nómina-, basta de subir el IVA que no afecta por igual a unos que otros, basta ya de tantos paños calientes con algunos y tanto latrocinio con otros. Hacer cargar a la clase trabajadora con el peso de la economía de todo un país es, siendo bastante considerado al decirlo, una gran cabronada. A los hechos me remito señores del PPSOE.
Cuando los neoliberales suelen hablar de subidas de impuestos, la clase trabajadora, por un movimiento reflejo, inmediatamente se echa la mano a la cartera, tratando de protegerla, de la misma manera que lo hace cuando viaja en metro. Porque es ya una costumbre establecida que cada vez que el gobierno necesita engordar sus arcas, éste lo hace atacando la economía de los más débiles y desprotegidos, o sea, los que cobran su salario a través de una nómina.
Resulta vergonzante que, el 75% de los ingresos que recibe de los impuestos el gobierno, proceda del IRPF, y el 25% restante, a cargo de las empresas y las grandes fortunas. ¡Vergonzoso! Por tal motivo, el debate no ha de ser subida de impuestos sí, subida de impuestos no, como falsamente se ha planteado, sino a quién.Hace unos meses –exactamente, en el fatídico mes de junio-, un pensionista indignado me enseñó su declaración de la renta, en la que en la casilla de ingresos figuraba la cifra de 11.800 euros brutos procedentes de la pensión, a la que le habían retenido 354 euros en concepto del IRPF, con lo cual, la cantidad líquida a percibir quedaba reducida a 11.446 euros al año.
Con esta cifra, el pensionista indignado no tendría que pagar un euro más, ya que está muy lejos del mínimo exigido para declarar (creo que son unos 22.000 euros), pero como fue previsor y guardó en una caja de ahorros el dinero que le dieron cuando finalizó el contrato de trabajo en la empresa donde prestaba sus servicios, ha tenido que volver a pagar a la hacienda española la nada desdeñable cantidad de 600 euros, todo porque el buen hombre no se “pulió” la pasta el mismo día que se la dieron y ésta le ha generado unos intereses de 1.800 euros, de los que hacienda ya ha recibido el 19%, o sea, otros 342 euros más, con lo que sumando los ingresos brutos resulta la cantidad de 13.600 y la de los pagos un total de 1.296 euros. Si realizamos una sencilla regla de tres, el indignado pensionista ha pagado a la hacienda española la módica cifra del 9.52%. ¡Repugnante!
Que un ciudadano, con una irrisoria pensión de 817 euros al mes, tenga que pagar a los parásitos del gobierno 1.296 euros por la liquidación de su declaración de la renta, es una verdadera desvergüenza, cuando a los ricos les han bajado el tipo impositivo más de tres puntos, y cuando los asquerosamente ricos sólo pagan un 1%.
Entrar a debatir si hay que volver a subir los impuestos o no es una nueva estafa política, cuando lo que se debiera imponer es un estricto control sobre las economías sumergidas y un impuesto decente para los bancos y las grandes fortunas, que en definitiva, son los que nos han metido en esta ruina económica. Basta ya de gravar con más impuestos a los débiles, a los acorralados -los “desgraciados” que cobran con una nómina-, basta de subir el IVA que no afecta por igual a unos que otros, basta ya de tantos paños calientes con algunos y tanto latrocinio con otros. Hacer cargar a la clase trabajadora con el peso de la economía de todo un país es, siendo bastante considerado al decirlo, una gran cabronada. A los hechos me remito señores del PPSOE.
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